EL ASESINATO DE LETELIER (Capítulo 4)
El caso de Orlando Letelier no formó parte del objeto procesal del juicio que se celebró en Argentina.
Sin embargo, por su particular relevancia emblemática en la historia de la Operación Cóndor estuvo naturalmente presente en declaraciones de los testigos y en la documentación desclasificada, de lo cual solo hemos descripto algunos ejemplos.
Los fundamentos de la sentencia argentina a partir de su página 1262 analizan un memorándum cronológico emanado del Departamento de Estado, posterior al asesinato, puntualizando textualmente que lo hace “para comprender el desenvolvimiento de los sucesos, que si bien no constituyen un hecho atribuido a los imputados en este proceso, es considerado significativo como prueba del contexto en el que se desarrollaron los hechos y el tipo de actividades desarrollados por Cóndor”.
Esa cronología emitida por el Departamento de Estado tiene 67 puntos sin contar con los tachados por el desclasificador, que son otros diez más.
Cada punto tiene su fecha y la información del tema en dos o tres renglones.
La cronología emitida por el Departamento de Estado
Nos ceñiremos al lenguaje textual del documento, reservando los paréntesis para comentarios nuestros.
Comienza como primer punto remontándose al 27 de julio de 1976, dos meses antes del asesinato.
Refiere una consulta del Embajador Landau desde Asunción, preguntando al subdirector de la CIA, Vernon Walters, si estaba al tanto que unos “agentes” (palabra textual del original) chilenos viajaban a EEUU con nombres falsos y pasaportes paraguayos y alegaban que se contactarían con él.
Walters contestó negando y agregó que estaba por retirarse de la CIA (lo que resultó cierto, aunque el general no se retiró de la actividad, basta recordarlo operando en Buenos Aires como enviado especial del Presidente Reagan durante casi toda la Guerra de Malvinas).
La cronología sigue con la comunicación enviada curiosamente recién el 8 de agosto de 1976 por el Embajador Landau a su superior el Subsecretario de Estado Shlaudemann, informando la emisión de las visas, pero omitiendo mencionar su consulta a la CIA y la respuesta de la Agencia, según destaca la propia cronología.
La instrucción de cancelar las visas a Asunción fue inmediata, Shlaudemann la mandó al día siguiente, 9 de agosto de 1976.
El 20 de septiembre fueron asesinados Letelier y Moffit.
Recién el 23 de septiembre llegó a Santiago la notificación de cancelación de las visas de los falsos Williams y Romeral que finalmente las habían obtenido allí, según memoramos antes, y a esa altura no solo habían viajado a Washington y organizado el asesinato ya consumado, sino que también habían huido de EEUU.
La Cronología tiene un solo punto en todo el año 1977 y se refiere a la sospecha sobre los exiliados cubanos “anticastro” como partícipes del crimen y también que el gobierno de Chile se negó a informar a EEUU su pedido de que identificaran a Williams y Romeral por sus nombres reales. (Las autoridades norteamericanas no querían admitir que conocían sus verdaderas identidades desde el principio, entonces procedieron de la manera que sigue).
A principios de 1978, el diario Washington Star publicó las fotos de Williams y Romeral, recuperadas del consulado en Asunción.
Los diarios de Santiago replican los retratos y, tres días después, el informante del Washington Star identifica a Williams como el ciudadano norteamericano Michael V. Townley, y a Romeral como el teniente del ejército chileno Armando Fernández Larios (quien participara en octubre de 1973 de la Caravana de la Muerte, operación represiva ordenada por el reciente usurpador Pinochet, que en el norte de Chile asesinó y desapareció un total de 93 funcionarios y dirigentes de la Unidad Popular derrocada).
Enseguida después de la publicación periodística, el gobierno de Chile se ve obligado a decir que lanza su propia investigación del caso de los pasaportes, bajo la supervisión del General Orozco.
Afirman que ponen el el foco en pasaportes chilenos falsos emitidos a nombre de personas llamadas Williams y Romeral, para quienes se habían obtenido visas de EE.UU.
Dicen que Orozco también investiga la misteriosa muerte del funcionario de Asuntos Exteriores que autorizó los pasaportes.
Los hechos transcurren precipitadamente, así el 19 de marzo de 1978 Propper, y los agentes del FBI Barcella y Cormick –los investigadores norteamericanos del caso- viajan a Chile para obtener información de funcionarios chilenos.
Dos días después de su llegada, el 21 de marzo, el General Manuel Contreras, Jefe de la DINA, renuncia inesperadamente al Ejército y como consecuencia a la jefatura de la poderosa DINA.
Propper y compañía consideran que los funcionarios del gobierno de Chile no cooperan y son evasivos sobre el paradero de Townley. Regresan a EE.UU.
Se señala que al día siguiente Landau, quien para ese entonces era el Embajador norteamericano en Chile, confronta al Ministro de Asuntos Exteriores de Chile con una demanda de cooperación.
El 30 de marzo Propper y los agentes -habiendo regresado a EE.UU.- insisten ante Chile en entrevistar a Fernández Larios y a Townley. El Gobierno de Chile promete expulsar a este último a EE.UU.
El siete de abril se realiza un acuerdo secreto firmado para intercambio de información entre la Justicia norteamericana y el Gobierno de Chile.
Cuatro días después Townley es expulsado de Chile a EE.UU.
El 25 de abril éste acepta cooperar con la Fiscalía de EEUU por una morigeración de la condena como contraprestación.
El 8 de junio la CIA distribuye un estudio sobre el impacto del caso para el régimen de Pinochet.
El 5 de julio EEUU logra un acuerdo con Paraguay para permitir el testimonio del jefe de inteligencia de ese Estado sobre el asunto de los pasaportes fraudulentos emitidos a Townley y Fernández Larios.
El 1 de agosto se emiten acusaciones contra tres funcionarios de la DINA, solicitando las autoridades norteamericanas su detención a Chile. Ellos son Contreras, el Coronel Espinoza y Fernandes Larios.
El 23 de agosto el ya ex jefe de la DINA, Gral. Manuel Contreras intenta hacer un trato con el Gobierno de Estados Unidos y amenaza con vincular a la CIA con el asesinato de Letelier.
La cronología del Departamento de Estado utiliza la palabra chantaje. Y dice que el intento fue rechazado al día siguiente.
Continúa; con fecha 26 de agosto Contreras planea atacar a funcionarios de EEUU. (Fue precisamente durante esa semana, que el 22 y 23 de agosto de 1978 se realizaron en la Asesoría de la CIA las reuniones que describimos en nuestro Capítulo 3 en las que se analizó el vínculo de Contreras con la CIA).
Conclusiones de la sentencia Argentina
A continuación del informe que resumimos precedentemente los jueces argentinos concluyen en la sentencia:
“El extenso documento mencionado en los párrafos anteriores, resulta relevante en tanto demuestra, entre otras circunstancias, que: a) había coordinación de los agentes de los gobiernos miembros del Cóndor para cometer actos hostiles contra divergentes políticos cuyo accionar resultaba, a criterio de las autoridades de esos Estados, “inconveniente” -el “blanco” elegido fue uno de los activistas más reconocidos que denunciaba en el exterior las graves violaciones a los derechos humanos que estaba llevando adelante el Gobierno de Pinochet-; b) los agentes gubernamentales conocían la ilegalidad de las acciones que se iban a desplegar desde su gestación -recordemos que el funcionario paraguayo le indicó al Embajador norteamericano que las visas requeridas por él, no eran realmente para ciudadanos paraguayos sino para agentes de la D.I.N.A.; c) se intentó desviar la investigación, cuando se señaló que dos personas bajo los nombres de Williams y Romeral habían ido a otro país de la región.” (negritas y subrayado son del original)”.
Nos interesa resaltar que los jueces -profundizando, como sucede en general en la sentencia- en su punto b) dejan constancia que el gobierno norteamericano estaba al tanto de la ilegalidad de las acciones que desembocaron en el asesinato de Letelier.